ISTAS Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud Comisiones Obreras (CC.OO.)

Guía del delegado y delegada de prevención

LECTURA DE LA GUIA

Esta nota pretende servir para orientar la lectura y uso de la Guía del delegado y delegada de prevención. La Guía tiene tres partes: la primera parte, que reproduce cinco de los cuadernos de la Guía Sindical de Salud Laboral, constituye el cuerpo esencial de la misma y describe la estrategia sindical que orienta la acti-vidad de los delegados y delegadas de prevención en las diversas mate-rias en las que deben intervenir. La segunda parte es una propuesta orien-tativa elaborada por CC.OO. y UGT de reglamento de los Comités de Seguridad y Salud (CSS), que se complementa con un recordatorio de las competencias y facultades que la Ley otorga a estos CSS, así como a los delegados y delegadas de prevención. La tercera parte es la transcripción literal del texto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La primera parte a su vez consta de cinco capítulos, los primeros dedica-dos a la legislación y los tres siguientes a la acción sindical en materia de salud laboral y medio ambiente:

1. Los dos primeros (La salud laboral en la legislación y Derechos sindi-cales) son un recorrido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, LPRL. Explican e interpretan la citada Ley añadiendo los comentarios y las ayudas necesarias.

1. El capítulo de salud laboral en la legislación repasa los preceptos legales de rango superior en los que se basa la LPRL y en general toda la legislación en salud laboral y trata los siguientes aspectos de la LPRL: su ámbito de aplicación (objeto y sujetos), las instituciones y organismos públicos con responsabilidades en la prevención, las obligaciones del empresario, los derechos de los trabajadores/as y las responsabilidades y sanciones. Contiene, además, un resumen de las normas básicas de salud laboral.
2. El capítulo de los derechos sindicales se ocupa directamente de los destinatarios de esta Guía, los delegados/as de prevención. El hilo conductor del capítulo es la participación de los trabajadores en la prevención prevista en la LPRL. La participación autónoma a través de los Delegados de Prevención y la participación colegiada en los Comités de Seguridad y Salud. Incorpora, además, propuestas sobre funcionamiento de estos comités, ampliación de los derechos de intervención y participación en el proceso de evaluación de riesgos.

2. Los siguientes capítulos tratan de la acción sindical en salud laboral y medio ambiente.

1. El capítulo de la acción sindical en salud laboral explica cuáles son la tareas y los recursos que el delegado/a de prevención necesita para su trabajo y propone trabajar con un método que conecte la iden-tificación de los problemas con la negociación de su solución, a tra-vés de la participación de los trabajadores en las diferentes etapas del proceso.
2. El capítulo de información para la prevención sirve de orientación sobre cuál es la información pertinente en salud laboral, cómo con-seguirla y cómo hacer un uso correcto de la misma.
3. El capítulo de salud laboral y medio ambiente presenta los princi-pales temas de acción sindical en medio ambiente desde las empre-sas y comenta algunos de los instrumentos de la acción sindical: negociación colectiva, ecoauditorías, buenas prácticas y una guía de control sindical.

3. Los cinco capítulos comentados tienen una estructura similar:
   
   1. el desarrollo del tema se acompaña de las correspondientes referencias a la legislación que se anotan en el margen derecho del texto.
   2. el texto incluye pequeñas guías de control y actuación sin-dicales que pueden ser unos buenos instrumentos prácticos que faci-liten la labor de los delegados/as de prevención.
   3. al final de cada capítulo se puede encontrar un resumen de la legislación que hace referencia al tema tratado.

PRESENTACION

Desde el 10 de febrero de 1996 está en vigor la Iey de salud laboral, llamada Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Su nombre incorpora el término prevención porque parte del principio preventivo de que hay que actuar antes de que se produzcan los daños sobre la salud, evitando los riesgos. Pero el viejo y sabio aforismo de que más vale prevenir que curar no es el único principio que asume la nueva norma, la Ley establece también que la prevención es una obligación empresarial y un derecho laboral.

Esta Ley no ha llovido del cielo sino que es el producto de muchos esfuer-zos sindicales durante largo tiempo por lograr una normativa europea enfocada hacia la defensa de la salud en el medio ambiente de trabajo y por conseguir transponerla a nuestro país. No cabe duda de que la Ley ha llegado con retraso, con demasiado retraso. Llevamos seis años negociando y empujando para conseguirla. Ese retraso es más costoso si tene-mos en cuenta la triste y alargada estela de accidentados, heridos y muertos a causa de las malas condiciones de trabajo que se ha ido acumulando durante los últimos diez años. Sus cifras –un millón trescientos mil accidentes laborales, ciento treinta mil heridos graves, quince mil muertos– son la parte visible de los daños a la salud producidos por unas malas condiciones de trabajo, pero hay además otra realidad menos visible y sin embargo no menos terrible: las enfermedades causadas por un medio ambiente de trabajo inadecuado y por la degradación ambiental del entorno. Esos accidentes, estas enfermedades, ¿acaso eran inevitables? Nuestra convicción más profunda es que no. El riesgo de acciden-tes, lesiones o enfermedad no es siempre algo natural o inevitable, sino que es principalmente la consecuencia de un entorno inadecuado, sea éste el entorno de trabajo o medioambiental. Dicho entorno a su vez no es el único posible sino el producto de unas determinadas relaciones laborales y opciones socioeconómicas que no están pensadas en benefi-cio de la sociedad sino en provecho de unos pocos. El riesgo es evitable si se adopta una adecuada prevención. Ahora somos más conscientes de la necesidad de conseguir modificar las condiciones de trabajo en esa dirección y de la oportunidad que supone la nueva Ley que no podemos permitir que se desaproveche.

Nadie mejor que nosotros sabe de los límites e insuficiencias de esta Ley. Nadie como nosotros ha luchado por la plena universalización de los servicios de prevención para todas las empresas, incluidas las de menos de seis trabajadores que sin embargo han quedado más desasistidas. Pero no estamos de acuerdo con quienes adoptan planteamientos derrotistas sobre la nueva Ley, argumentando que no cambia casi nada, que lo único que hace es unificar una normativa dispersa que ya existía anteriormente. Mucho menos con quienes desde instancias empresariales plan-tean que aquello que modifica es impracticable, o que habrá que esperar al desarrollo de los reglamentos pendientes para su puesta en marcha efectiva. Son, éstas, posiciones interesadas enfocadas a dejar las cosas como están, orientadas hacia una aceptación resignada de que el trabajo genera riesgos y daños sobre la salud que no es posible evitar. No podemos ni queremos resignarnos.

Queremos cambiar las cosas y ahora tenemos más instrumentos para cambiarlas. En este momento en el campo de la salud laboral el principal obstáculo para cambiar la situación es el posible incumplimiento empresarial de la norma. No olvidemos que partimos de unos altísimos niveles de incumplimiento de la normativa actual: el 88% de los centros de trabajo no tiene un estudio de los riesgos, en un 71% no se da formación alguna y en un 51% ni siquiera se informa. Pero los sindicatos y en particular CC.OO. no vamos a permitir que se incumpla la nueva Ley y nos planteamos como primer objetivo en defensa de la salud laboral su cumplimiento y desarrollo.

Se trata, como decíamos, de una Ley de carácter preventivo, basada en la necesidad de actuar antes de que se produzcan los daños. Todas las empresas deberán elaborar un plan de prevención, tras Ia correspondiente evaluación de riesgos, que mejore las condiciones de trabajo. La prevención es no correr riesgos: si un riesgo se puede evitar es deber del empresario evitarlo y si esto no es posible, tendrá que hacerse un estudio de riesgos y elaborar un plan para controlarlos, combatiéndolos en su origen y sólo como último recurso acudiendo a la protección personal. Pero Ia Ley va más allá del campo tradicional de la «seguridad e higiene». Además de la prevención de los accidentes abarca también nuevos problemas: el estrés, las Iesiones por los movimientos repetitivos, los problemas posturales o los riesgos para la reproducción. Cualquier daño a la salud en relación con el trabajo está contemplado.

Según la Ley, la prevención es una obligación empresarial y un derecho laboral. Es el empresario quien tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras para quienes la salud y la seguridad son un derecho. Por ello el deber de prevenir se realizará con Ia participación de todos los afectados que tienen derecho a la información y a la formación práctica y teórica en materia preventiva. El derecho a la seguridad y a la salud contemplado en la Ley permite incluso interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo en caso de que dicha actividad entrañe un riesgo grave e inminente.

El derecho a la participación no es sólo ni principalmente un derecho individual, sino que se reconoce sobre todo como un derecho colectivo. De ahí la importancia de la figura de los delegados y delegadas de preven-GUIA ción en la empresa que constituyen la piedra angular de todo el edificio participativo y que son los agentes sobre los que se asienta la capacidad de iniciativa para cambiar las condiciones de la producción y del trabajo en un sentido favorable a la salud de los trabajadores y trabajadoras y a la consecución de un medio ambiente más saludable. En todas las empresas o centros de trabajo de más de 50 trabajadores se debe formar, además, un Comité de Seguridad y Salud que tiene entre sus competencias y facultades la de participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes de prevención de riesgos en la empresa. Este organismo de carácter paritario –es decir formado por los delegados de prevención y los representantes de la empresa en igual número– no es el viejo Comité de Seguridad e Higiene, sino una figura nueva que tiene por misión buscar el acuerdo para que la empresa se comprometa a adoptar las medidas preventivas necesarias.

No es poca, por lo tanto, la responsabilidad que los delegados y delegadas de prevención tendrán que asumir en el futuro. Más aún si entendemos que la organización de un medio ambiente de trabajo adecuado –tarea encomendada por la Ley– no se agota en la mejora de las condiciones laborales en sentido estricto, sino que debe contemplar también la protección del medio ambiente global. Al tratarse de una norma circunscrita a los riesgos derivados del trabajo, la Ley no contempla las competencias y facultades de los delegados de prevención en materia de medio ambiente global y se limita a las del medio ambiente laboral. Pero esto no significa que no existan competencias en esa materia, ni mucho menos que los delegados y delegadas de prevención puedan inhibirse de sus responsabilidades en este campo.

Hace ya un tiempo que los sindicatos hemos mostrado la estrecha relación entre la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Los procesos y sustancias tóxicas que envenenan en el trabajo, contaminan también el entorno. Sin embargo, un proceso laboral respetuoso con la salud en el ambiente de trabajo, con mucha probabilidad será también respetuoso con el medio ambiente. No puede haber productos ecológicamente aceptables cuya fabricación sea lesiva para la salud de quien los produce. De la misma manera que no puede haber una defensa eficaz de la salud sin defender a la vez un medio ambiente saludable. Las primeras luchas de los trabajadores, en los albores del movimiento obrero, lo fueron a la vez por unas condiciones de trabajo dignas y por unas condiciones de vida saludables. Hoy esta alianza es aún más preciosa. Las emisiones y vertidos contaminantes, la producción de residuos peligrosos están deteriorando gravemente el entorno en el que vivimos. Algunos de los problemas que provocan –como el efecto invernaderoo el agujero en la capa de ozono– constituyen un problema de carácter global, con tremendas consecuencias sociales y de salud, especialmente para los sectores sociales más débiles y los pueblos más pobres.

El camino hacia una producción limpia, es decir no contaminante y respetuosa con el entorno en el uso de los recursos naturales, es también el camino hacia unas condiciones de trabajo y de vida más saludables. Al igual que en el caso de los riesgos laborales, Ia prevención es la orientación básica para evitar los riesgos ambientales. Las evaluaciones de riesgos, los planes preventivos y los servicios de prevencióndeberían contemplar también la variable ambiental. A veces con la realización de planes específicos: las ecoauditoríasy la adopción de sistemas de gestión medioambiental, en los que Ios representantes de Ios trabajadores tenemos por ley derecho a participar. Excelente tarea para los delegados y delegadas de prevención.

La acción sindicalno se circunscribe a exigir la aplicación de las leyes favorables a los trabajadores, sino que parte de la necesidad de cambiar socialmente las cosas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población trabajadora y de las posibilidades e instrumentos al alcance.

Las normas legales son un instrumento cuyo uso ha de orientarse en función de los objetivos sindicales elaborados autónomamente. En lo que a la salud en el trabajo se refiere los cambios legales han sido continuos, en general para mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras, pues estos cambios han sido promovidos fundamentalmente por los sin-dicatos. Lo que ayer era una norma legal hoy deja de serlo y surge otra más avanzada. Donde anteayer se permitía legalmente la exposición a un producto tóxico, ayer se le ponían límites y hoy incluso se prohíbe y se sustituye por otro menos nocivo. Donde ayer la ley se limitaba a compensar por los daños, hoy se propone evitarlos. Así pues la estrategia sindical, que hoy tiene en el desarrollo y aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales uno de sus principales objetivos, no puede ni debe limitarse a la Ley, sino que tiene que ir más allá, intentando en primer lugar cambiar unas condiciones laborales que tanto se han degradado en los últimos tiempos de la mano de la precariedaddel empleo, agravada con la reciente contrarreforma laboral.

Resulta paradójico que el momento en el que conquistamos nuevos derechos en favor de la salud laboral sea sin embargo un momento tan adverso para mejorar las condiciones de trabajo. El paro masivo presiona muy negativamente sobre las relaciones laborales. El empleo se ha convertido en un bien escaso. Quien lo posee, aunque sea sólo efímeramente, tiende a soportar unas condiciones de trabajo cada vez más degradadas, incluso por debajo de la Iey o del convenio con tal de conservarlo. Muchos empresarios aprovechan esa circunstancia para evadir sus obligaciones legales o contractuales sin encontrar apenas resistencia individual. Esto es especialmente frecuente en lo que se refiere a las normas sobre salud y seguridad en el trabajo. Además la temporalidad y precariedad de los empleos hace que sea más difícil organizar la adecuada defensa de unas condiciones de trabajo saludables. En el caso, por ejemplo, del tiempo parcial, en el que predomina el trabajo de las mujeres, está demostrado que a pesar de la menor permanencia en el puesto de trabajo las posibilidades de sufrir un accidente son superiores a las de los trabajadores a tiempo completo.

Por si esto fuera poco, la desconcentración productivay la multiplicidad de empresas y subcontrataciones que coexisten en un mismo centro de trabajo, todos ellos fenómenos de reciente y creciente expansión, hacen mucho más compleja y difícil la participación de los trabajadores en la defensa de su salud y seguridad. Es más: en muchas ocasiones se emplea a trabajadores eventuales o subcontratados para realizar las labores más penosas o peligrosas para evadir las normas de protección ante los riesgos. En esta situación, en la que tan fácil es la presión individualizada sobre los trabajadores para que acepten pasivamente la transgresión de las leyes que velan por su protección, se revaloriza aún más que en el pasado la necesidad de una acción colectiva, es decir se hace más imprescindible la acción del sindicato. Si los sindicatos no defendemos a esos trabajadores nadie lo hará.

Todo ello nos obliga por una parte a luchar con denuedo por conseguir un mayor y mejor empleo, combatiendo la precariedad y favoreciendo una mayor estabilidad del empleo, pero por otra parte nos obliga también a atender a esas realidades de mayor desprotección que se dan no sólo en la pequeña y muy pequeña empresa, sino también en muchos grandes centros de trabajo en los que cohabitan diversas empresas. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que contempla la figura del delegado/a de prevención desde la pequeña empresa a partir de seis trabajadores y que establece la necesidad de coordinación de todas las actividades preventivas de todas las empresas presentes en un mismo centro de trabajo, adjudicando la responsabilidad de su cumplimiento a la empresa principal,permite intervenir sobre esas realidades nuevas. Ahora se trata de hacerlo.

La Ley por sí sola no cambiará la situación. Pero en nuestras manos es una herramienta preciosa con múltiples aplicaciones que hemos de aprender a manejar en favor de una reducción drástica de la siniestralidad laboral, en favor de un medio ambiente más saludable y en favor de la salud de todos los trabajadores y trabajadoras. Desvelar cuáles son los mecanismos y aplicaciones de esa herramienta desde un punto de vista sindical es el objetivo de esta guía o manual de uso que es el fruto de un elaborado trabajo de muchos sindicalistas y técnicos del sindicato al que han aplicado sus conocimientos y experiencia.

El manual está pensado para los delegados y delegadas de prevención. En ellos residen las competencias y facultades que bien utilizadas nos permitirán cambiar las cosas. De su esfuerzo individual y colectivo depende gran parte del porvenir de la salud de todos los trabajadores y trabajadoras. Queremos dejar de ser el país de la Unión Europea con mayor número de accidentes laborales, queremos dejar de ver cómo nuestra gente se lesiona o se enferma por salir a trabajar buscando el sustento, queremos mejorar de verdad las condiciones de trabajo, queremos un trabajo y un desarrollo más saludable, más justo y ecológicamente sostenible. La aplicación completa de esta Ley es crucial para conseguirlo. La tarea de los delegados y delegadas de prevención es insustituible en este cometido. Comisiones Obreras, en unidad y colaboración con la Unión General de Trabajadores y todos los demás sindicatos de clase, no ahorraremos esfuerzos para alcanzarlo.

Joaquín Nieto Sainz
Secretario Confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO.

El derecho a la vida y a la salud es un derecho básico del ser humano no sujeto, en principio, a negociación ni subordinado a intereses particulares. Atentar contra este derecho se considera un acto criminal.

Sin embargo, en el ámbito del trabajo se actúa, a veces, al margen de este principio y se colocan los intereses económicos por encima del derecho a la salud. Así se hace cuando se opta por pagar un plus o una sanción económica en vez de implantar medidas de prevención contra los riesgos. También, cuando se pretende mejorar la competitividad a costa de reducir la inversión en salud y seguridad. O cuando se supedita la salud laboral a lo que sea "razonable y factible" desde el punto de vista empresarial.

La reciente Ley de Prevención de Riesgos Laborales pretende ser un instrumento para hacer efectivo el derecho a la salud en el trabajo. Pero las leyes no son suficientes. Hay que cambiar, además, la mentalidad. Los trabajadores/as deben rechazar cualquier forma de intercambio de su salud por dinero. Los empresarios, por su parte, deben considerar la salud laboral no como una cuestión de altruismo sino como un derecho del trabajador/ a que debe formar parte integrante de la gestión empresarial.

Los sindicatos debemos exigir el cumplimiento de las leyes pero, además, estimular y apoyar estos cambios de sensibilidad social.