La globalización de la economía se ha acentuado en los últimos años y, junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, está originando cambios radicales en la sociedad, comparables a los que se produjeron durante la revolución industrial.

La tendencia hacia la globalización se manifiesta en el aumento del comercio internacional y la libre circulación de bienes, de servicios y de capitales; en la creciente importancia de las inversiones extranjeras; en la interconexión de los mercados financieros; y en el papel preponderante que asumen las empresas multinacionales en el conjunto de la economía mundial.

La economía global es una economía que se caracteriza por mercados financieros que funcionan 24 horas al día, por enormes transferencias internacionales de capital realizadas en una fracción de segundo, y por la competencia abierta entre las empresas de muchos países que recorren el mundo en busca de capital, recursos humanos, tecnología, materias primas y mercados.

De igual manera que las fuerzas liberadas por la revolución industrial destruyeron el antiguo orden de la sociedad agraria, así la globalización de la economía, y las nuevas tecnologías, están creando una nueva división global del trabajo, con importantes consecuencias para la suerte de las naciones y de los individuos.

Por una parte, la globalización conlleva nuevas oportunidades de desarrollo para los países y para las personas, y trae consigo un reajuste del equilibrio económico mundial.

Así, las previsiones del Banco Mundial muestran que los países en desarrollo crecerán, en su conjunto, un promedio de casi un 5%, en el período de 1994 al 2003, mientras que los países industrializados crecerán tan sólo un 2,7%, en el mismo período. De acuerdo también con el Banco Mundial, en el año 2020, nueve de las 15 economías más importantes del mundo, corresponderán a países considerados hoy día como del tercer mundo.

Pero, al mismo tiempo, esta nueva revolución tecnológica y económica privilegia a aquellos que disponen de las habilidades y aptitudes apropiadas para adaptarse a la nueva situación, y penaliza a los que carecen de ellas. La globalización amenaza así con ampliar las diferencias entre ricos y pobres; con el riesgo de que un mundo sofisticado, y cada vez mas próspero, coexista con un mundo cada vez más marginalizado y excluido.

En este contexto, se detecta que, en muchos países, se estaría acentuando la desigualdad en la distribución de los ingresos. En EE.UU., por ejemplo, mientras que, en 1967, los ingresos del 20% de los hogares de mayor renta eran 7,5 veces superiores a los ingresos del 20% de los hogares de renta menor, en 1992, llegaron a ser 11 veces superiores. Asimismo, en el Reino Unido, mientras que en 1977 los ingresos del 20% de los hogares de mayor renta eran solamente cuatro veces superiores a los del 20% de menor renta; en 1991, pasaron a ser siete veces superiores (The Economist, 1994b). Otros países, como Chile, no obstante haber conseguido, en el transcurso de los últimos años, una reducción significativa de los niveles de pobreza, no habrían experimentado sin embargo una reducción paralela de las diferencias existente en cuanto a la distribución de ingresos^1/.

El aumento experimentando, en América Latina, por el empleo de baja calidad en el sector informal urbano - que contrasta con el empleo, de alta remuneración, en el sector moderno, cada vez más insertado en la economía global - representa otra forma de inequidad social. De acuerdo con estudios llevados a cabo por la OIT, de cada 100 nuevos empleos no agrícolas creados durante 1990-1994, en América Latina, 84 correspondieron al sector informal urbano (OIT, 1995e).

Interesa también mencionar que, a pesar de que la producción mundial ha venido aumentando, desde 1960, en más del 3% anual, se estima, sin embargo, que el 30% de la fuerza laboral del planeta, cerca de 820 millones de personas, se encuentra actualmente desempleada o subempleada, el mayor índice desde la gran depresión de los años 30 (OIT, 1994b).

Al igual que ha sucedido en otras regiones del mundo, en América Latina la liberalización de los mercados es el elemento central de la nueva estrategia de desarrollo; reemplazando al proteccionismo que caracterizó a la región durante los anteriores 50 años.

En el marco de la liberalización de los mercados nacionales, los países de la región decidieron, por una parte, reforzar y fortalecer los esquemas de integración existentes y, por otra, varios de ellos se incorporaron a nuevos esquemas de integración subregional, o participaron en acuerdos bilaterales de complementación económica, como una manera de profundizar y dinamizar su orientación exportadora (Tokman y Wurgaft, 1994).

Las relaciones entre Estados que buscan alcanzar algún grado de integración económica van desde el acuerdo o tratado^2/ bilateral de objetivo único, hasta los tratados multilaterales de múltiples objetivos.

Cronológicamente el primer paso hacia la integración multilateral de la región lo constituye el Tratado General de Integración Económica de América Central, firmado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En 1993 este tratado se transforma en el Mercado Común Centroamericano, al que se incorporará Panamá.

En 1962 se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), integrada por los 11 países de América del Sur. Su objetivo principal es el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Esta asociación se reestructura en agosto de 1980, y da lugar a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que cuenta con los mismos miembros que su antecesora, pero que adopta unos objetivos más modestos.

Un proceso semejante al anterior se produce en los países del Caribe al crearse, en 1966, la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA); que en 1973 da lugar al Mercado Común del Caribe (CARICOM), con el objetivo de convertir la zona de libre comercio en un mercado común subregional.

Mientras tanto surge el Pacto Andino de integración económica, firmado en 1969 por los gobiernos de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. En 1973 se adhiere Colombia y en 1975 se retira Chile. Recientemente, en la VIII reunión de su Consejo Presidencial, del 10.03.96, se decidió dar paso a la Comunidad Andina, la cual apunta hacia la integración no sólo económica y comercial sino también política de los países miembros, a los que se unirá Panamá.

Además de la rediscusión y del replanteamiento del tema en los países andinos, centroamericanos y caribeños, en el año 1994 se produjeron avances muy importante en los procesos de integración en la región, con el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la consolidación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

El 1º de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, EE.UU. y México, cuyo propósito es promover el empleo y el crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y de las oportunidades de inversión. Se destaca el compromiso de hacer efectivos los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo en los tres países.

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), por su parte, se constituye en 1991 con la firma del Tratado de Asunción por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su propósito es construir un mercado común, es decir, un espacio para la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción, a través de la eliminación de derechos aduaneros y barreras no arancelarias, y del establecimiento de una política comercial común respecto a terceros países.

Por la importancia que tiene para la región, debe también mencionarse el Sistema Generalizado de Preferencias de los EE.UU. (SGP), que confiere a todos los países del mundo una serie de reducciones arancelarias para exportar a EE.UU. un conjunto de productos especificados en la legislación de este país. Para beneficiarse de estas reducciones deben cumplirse determinadas condiciones; una que resulta de especial interés para lo que aquí se está discutiendo, es la que establece que en la fabricación de los productos deben respetarse los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores.

En los últimos años también se han multiplicado significativamente los acuerdos bilaterales, e incluso en 1994 ha surgido un acuerdo de carácter trilateral: el Grupo de los tres (G-3), integrado por Colombia, Venezuela y México. Todos ellos contienen disposiciones de desgravación arancelaria que, con excepción de algunos de los más recientes, está limitada a una lista de productos.

Pero quizás el objetivo más ambicioso, de todos cuantos han sido formulados, en los últimos años, respecto a la integración económica de América Latina, haya sido el adoptado por la cumbre de Miami, de diciembre de 1994; allí los 34 Jefes de Estado participantes acordaron construir un Area de Libre Comercio de las Américas, a partir de la convergencia de los actuales acuerdos subregionales y bilaterales, a través de un proceso de negociación que concluiría el año 2005; con el compromiso de alcanzar avances concretos en el logro de este objetivo, antes de fin de siglo.

Existen, por otra parte, algunas iniciativas de integración económica de América Latina con Asia, y también con la Unión Europa.

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Asia Pacific Economic Cooperation Forum, APEC) agrupa a 18 países, que representan más de la mitad del producto mundial, e incluye a las dos mayores economías del mundo: EEUU y Japón. En el momento de su nacimiento, en 1993, se acordó "crear una comunidad de economías del Asia y del Pacífico". En la cumbre celebrada en Bogor, Indonesia, en noviembre de 1994, los líderes de los países miembros de APEC se comprometieron a "conseguir la apertura

y la liberalización del comercio y de la inversión" para todos los países desarrollados de la zona (el 85% del comercio regional) para 2010, y para los países todavía en desarrollo, para el 2020; en la Cumbre de Osaka, Japón, de noviembre de 1995, se estableció un detallado "Programa de Acción" para comenzar a implementar el mencionado compromiso, a partir de 1997 (Bergsten, 1996). Actualmente son dos los países latinoamericanos que forman parte de APEC: México y Chile; si bien otros cuatro países, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, han solicitado también su incorporación, ya sea como miembros de pleno derecho, o como observadores.

Por otra parte, en diciembre de 1995, se firmó en Madrid un Acuerdo Marco Interregional entre la Unión Europea y los cuatro países del MERCOSUR, mediante el cual se establecen las bases para el desarrollo de una zona de libre comercio, que contaría con una población de cerca de 600 millones de habitantes.

Conforme a las características de los tratados y acuerdos de integración mencionados, podemos clasificarlos en cinco grupos, de acuerdo a su grado de integración:

1. Zona de tarifas preferenciales, que afecta solamente a un número limitado de productos, y se caracteriza por una reducción parcial de aranceles en estos productos. Este sería el caso del Sistema Generalizado de Preferencias y de la mayoría de los acuerdos bilaterales establecidos en la región.
2. Zona de libre comercio, que se caracteriza por la eliminación de aranceles de todos los productos que se comercializan entre los países miembros. Este sería el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y de la fase futura del G-3.
3. Unión Aduanera, que se caracteriza por agregar a lo anterior la existencia de un arancel externo común, es decir, una política comercial respecto a terceros países que no integran el acuerdo. Este sería el caso del Mercado Común Centroamericano, del Pacto Andino, y de la fase actual del MERCOSUR.
4. Comunidad Económica o Mercado Común, que se caracteriza por agregar a lo anterior la libre movilidad de los factores productivos, es decir del capital y del trabajo. Este sería el estadío final del MERCOSUR y la fase actual de la Unión Europea.
5. Unión Económica, este grado de integración se alcanza cuando se complementa el Mercado Común con políticas supranacionales y con la coordinación de todas las ramas de política económica, agregándose además la existencia de una moneda única bajo control de un único Banco Central. Este sería el estadío próximo a alcanzar por la Unión Europea.

A finales de 1993, existían un total de 85 uniones aduaneras y acuerdos regionales de libre comercio, en el mundo.

3. El GATT y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

El 15 de abril de 1994, los Ministros de Comercio de los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ratificaron en Marrakesh el acuerdo resultante de la llamada Ronda Uruguay. La ratificación estuvo precedida por la aprobación, luego de siete años de arduas discusiones, del texto definitivo, el 15 de diciembre de 1993. El acuerdo fue firmado por 116 países^3/; pero ya desde el inicio de 1994 otros 20 países habían solicitado su incorporación al mismo con el propósito de llegar a convertirse en socios fundadores de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que reemplaza el GATT.

Más que un acuerdo, el GATT representa un mecanismo para ponerse de acuerdo, periódicamente, sobre rebajas arancelarias y otras propuestas de regulación del comercio internacional. Desde la creación del GATT, en 1947, ha habido ocho series de negociaciones, o "Rondas", incluyendo la Ronda Uruguay, que acaba de concluir.

Se considera que la Ronda Uruguay fue la más ambiciosa y completa de las negociaciones que se llevaron a cabo en el marco del GATT. En ella intervinieron más partes contratantes que en las anteriores^4/, y en ella también fue mayor el número de temas de negociación. Además de repasar asuntos ya antiguos como la liberalización de los aranceles, se abordaron también otros nuevos relacionados con las inversiones extranjeras, la propiedad intelectual y los servicios (OIT, 1995f).

Uno de los aspectos más relevantes de la Ronda Uruguay es el haber extendido la regulación del comercio internacional a prácticamente todos los sectores. Como resultado del GATT 1994, la agricultura y los textiles van a quedar completamente incorporados al sistema multilateral de comercio. Los servicios, que representan el 60% de la producción mundial y el 20% del comercio internacional (Evans y Walsh, 1994), serán cubiertos por primera vez por el GATT; y lo mismo sucederá con los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, todos estos sectores estarán sujetos al nuevo procedimiento, establecido en el seno de la OMC, para la solución de conflitos, y que los países están obligados a utilizar.

El texto firmado en Marrakesh, conocido como el GATT 1994, consta de un acuerdo general sobre aranceles y comercio, y un conjunto de otros 50 acuerdos relacionados con diversos temas, entre los que figuran los siguientes: agricultura, servicios, textiles, inversiones, propiedad intelectual, subsidios, solución de conflictos, "dumping" y medidas de salvaguarda, obstáculos técnicos al comercio, y certificados de origen.

Uno los acuerdos adoptados en la Ronda Uruguay fue el de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, aparte de actuar como foro para las negociaciones multilaterales entre los países miembros, se encargará de implementar y administrar el GATT 1994. La OMC empezó a operar en 1995, y de ella solamente podrán ser miembros los países firmantes de la Ronda Uruguay.

En lo referente a las reformas sobre aranceles, el GATT 1994 supondrá, para los países desarrollados, que el arancel promedio ponderado baje del 6,4 al 4 por cien, y que alrededor del 40% de las importaciones queden completamente libre de aranceles (Greenaway, 1995). Otro resultado sustancial del GATT 1994 es la proporción de aranceles consolidados que, en los países desarrollados, pasará del 78 al 97 por cien; y, en los países en desarrollo, subirá del 21 al 65 por cien. Es importante señalar que una vez consolidados los aranceles, no es posible modificarlos unilateralmente (OIT, 1995f).

Las estimaciones que se han venido realizando para medir el impacto cuantitativo de la Ronda Uruguay coinciden, en general, en que los beneficios netos para la economía mundial ascenderían como mínimo a 200.000 millones de dólares al año, a partir del décimo año; cantidad ésta superior al 1% del producto mundial^5/.

Si bien el desarme arancelario, que conlleva el GATT 1994, va a tener implicaciones, como más adelante se verá, para el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo; el mayor impacto de la Ronda Uruguay, sobre este tema, resultará probablemente de la aplicación del nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).

Un acuerdo OTC ya había sido adoptado con la firma de la llamada Ronda Tokio, que entró en vigor el 1º de enero de 1979. Con la adopción del OTC 1979 se buscaba limitar los efectos negativos de los obstáculos técnicos en la liberación del comercio internacional; y la normativa referente a la seguridad del producto se encuentra, precisamente, dentro de esta categoría.

El nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, OTC 1994, se propone también evitar que las normas y reglamentos técnicos^6/ nacionales creen obstáculos innecesarios al comercio internacional. El acuerdo OTC 1994 requiere, con carácter general, que se utilice la normativa internacional, como base para la elaboración de los reglamentos técnicos nacionales. Por lo que respecta a la preparación y adopción de normas, las instituciones nacionales de normalización deben adoptar y cumplir el Código de Buena Conducta, que figura como anexo a dicho acuerdo. En lo referente a los procedimientos para la evaluación de la conformidad^7/, el OTC 1994 promueve la armonización de los mismos, y alienta a los países miembros a la negociación de acuerdos de mutuo reconocimiento.

Uno de los objetivos del Código de Buena Conducta del OTC 1994 es promover la transparencia en los procesos de preparación y adopción de normas. Se trata de que los proyectos de normas puedan conocerse con suficiente antelación, para que las personas interesadas puedan efectuar las observaciones y comentarios, que consideren oportunos, antes de que éstas sean adoptadas. Las instituciones de normalización, por su parte, están obligadas a dar respuesta a dichas observaciones, y a explicar cualquier desviación que pudiera producirse con respecto a la normativa internacional. El Código promueve, de esta manera, la armonización de las normas nacionales, a través de su adhesión a la normativa internacional.

El nuevo Acuerdo OTC 1994 insta a sus miembros a que den asistencia técnica a los países en desarrollo que la soliciten, priorizando a los países menos adelantados, en lo referente, entre otros, a los siguientes temas: creación de instituciones nacionales de normalización y de reglamentación; participación en instituciones internacionales de normalización; establecimiento de instituciones de evaluación de conformidad respecto a las normas y a los reglamentos técnicos; y métodos que permitan cumplir los reglamentos técnicos.

El proceso de globalización abre posibilidades de acelerar el crecimiento económico mundial, incrementar la creación de empleo y reducir la pobreza. Sin embargo, nada asegura que esto vaya a resultar en una mayor justicia social. Nada asegura tampoco una distribución equitativa de los beneficios de la apertura, dentro de un país.

De la misma manera, la globalización del comercio ha reactualizado el antiguo problema de las ventajas competitivas entre países basadas en las desigualdades de los costos laborales. Precisamente, una de las razones que originó la creación de la OIT fue la idea de recurrir a normas internacionales de trabajo para que los países pudiesen mejorar las condiciones de trabajo, en sus empresas, sin temor a quedar en desventaja en los mercados internacionales, frente a empresas de otros países; se pensaba, entonces, que la mejora de las condiciones de trabajo suponía un aumento de los costes laborales y, por tanto, una pérdida de competitividad.

Es así como la apertura económica y la liberalización del comercio han reavivado el debate sobre la "cláusula social", es decir, el debate sobre la pertinencia de establecer penalizaciones, bajo la forma de restricciones comerciales, a los países que contravengan ciertas normas o derechos laborales básicos, en el comercio internacional. Se trataría de garantías a incorporar en los acuerdos internacionales para asegurar que la liberalización gradual de los mercados va acompañada de mejoras en las condiciones de trabajo.

Cuando, en diciembre de 1993, concluyó en Marrakesh la negociación de la Ronda Uruguay, diversos sectores y, en particular, el Gobierno de los EE.UU., estimaron que había quedado injustamente excluido de los acuerdos el tema de la cláusula social. Se pactó, entonces, que esta cuestión sería discutida en los trabajos preparatorios para el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio.

Posteriormente, en la cumbre sobre empleo en Detroit, fue el Gobierno de Francia el que levantó el tema de la cláusula social, argumentando que si bien es justo aceptar la competencia debido a bajos salarios ésto no debería llevar a que se acepte también la violación de las normas laborales básicas en el comercio internacional. Estas normas deberían evolucionar a la par de la economía, con un sistema de control que vigile su aplicación. EE.UU. se pronunció también a favor, pero matizando que la cláusula debería limitarse solamente a algunos derechos fundamentales de los trabajadores, basados quizá en las normas OIT (Potobsky, 1995)^8/.

Este tema fue asimismo abordado por el Director General de la OIT en su Memoria a la Conferencia Internacional de Trabajo, de 1994. En su opinión, la OIT no puede sustraerse al debate sobre la cláusula social, pero tampoco debe propugnar restricciones al comercio internacional ni la igualación obligatoria de los costos sociales. Una de las soluciones sería basarse en la voluntad de promover el progreso social que es propia de la calidad de miembro de la OIT, y utilizar las normas internacionales de trabajo para evaluar y monitorear los adelantos sociales realizados por los Estados, gracias a la liberalización de los mercados internacionales^9/.

La posición adoptada, durante la Conferencia de 1994, por los distintos grupos que integran la OIT fue la siguiente (Potobsky, 1995):

Los trabajadores dejaron bien claro que estaban decididamente a favor de la cláusula social. En su opinión, los derechos fundamentales de los trabajadores que es necesario hacer respectar en el comercio internacional son los relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la no discriminación en el empleo; y la erradicación del trabajo infantil^8/.

El grupo de los empleadores no había adoptado todavía una posición definitiva sobre la claúsula social, si bien consideraba como "plausible" la propuesta realizada por el Director General de la OIT; sin embargo, de acuerdo a las intervenciones individuales realizadas durante la Conferencia, se constató que la posición de los empleadores era, en general, contraria a su adopción.

Por lo que se refiere a los gobiernos, su posición iba desde un fuerte rechazo a la cláusula social (países del sureste asiático) hasta una aprobación moderada de la misma, sobre todo por parte de algunos países industrializados (EE.UU., Francia, Alemania); siempre que estuviera limitada a ciertos derechos básicos, y se aplicase sobre todo mediante la persuasión, más que a través de sanciones comerciales.

Dentro de la OIT, el paso siguiente fue la discusión de estos temas en un Grupo de Trabajo del Consejo de Administración, que preparó el documento "Dimensiones Sociales de la Liberalización del Comercio Internacional" (OIT 1994c). El documento desarrolla, por una parte, la propuesta del Director General dentro de lo que llama una vertiente "liberalización del comercio" en la acción de la OIT; y analiza, por otra parte y con mayor detalle, la posible inserción de la OIT en lo que denomina "una vertiente social en la liberalización del comercio".

El documento analiza la difícil cuestión de determinar las normas fundamentales cuya violación podría dar lugar a sanciones comerciales; discutiendo, asimismo, el problema de determinar qué se entiende por nivel "normal" de protección social. Considera, en este sentido, que en la medida que la liberalización del comercio descansa en la libertad de negociar y de contratar, sólo podrían considerarse "normales" las condiciones establecidas libremente, en el mercado de trabajo, entre la oferta y la demanda. Por lo que la liberalización del comercio exigirá, como mínimo, la posibilidad de que los trabajadores puedan negociar libremente sus condiciones de trabajo. En el ámbito colectivo, se trata, desde luego, de la libertad sindical y de negociación colectiva, tal como se establecen en los Convenios núm. 87 y núm. 98, de la OIT; y en el plano individual, de la prohibición del trabajo forzoso, de que se ocupan los Convenios núm. 29 y núm.105.

Cuando se habla de los derechos básicos, o fundamentales, de los trabajadores, parece existir, como ya se ha visto, un acuerdo bastante generalizado en torno a la inclusión de cuatro grandes temas: libertad sindical y de negociación colectiva; discriminación en el empleo; trabajo forzoso; y trabajo infantil. El tema de la seguridad y salud en el trabajo figuraría inmediatamente después, de las diversas propuestas relativas a cláusula social (Potobsky, 1995); sin embargo, a los que consideran el derecho a la seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva del derecho a la vida - como les sucede normalmente a los profesionales de la prevención - les resulta difícil concebir categorías de derechos de jerarquía mayor.

Una de las repercusiones más importantes que, para la seguridad y salud en el trabajo, han tenido los procesos de integración económica y de liberalización del comercio internacional ha sido, sin duda, la armonización del sistema normativo en este campo.

Pero cuando hablamos de normativa de seguridad y salud en el trabajo, nos estamos refiriendo en realidad a dos tipos distitos de normas.

En primer lugar, están las normas pertenecientes al área laboral, o área social: son las que definen las condiciones generales de seguridad y salud ocupacional, en los centros de trabajo; y son a las que nos referíamos al hablar de la cláusula social. Lo que se busca con la armonización de este tipo de normas es evitar el "dumping social"; es decir, evitar la ventaja comparativa que podrían suponer menores costos de producción en base a un nivel inferior en las condiciones de trabajo de las empresas. Con la armonización de estas normas se busca también la integración social, dentro de los procesos de integración económica, de modo que el progreso económico que supone la integración y apertura económica, vaya acompañado de un progreso social.

En segundo lugar, están las normas relativas a la seguridad del producto. Cuando en el comercio internacional los aranceles se eliminan o se reducen, como está ocurriendo actualmente con los procesos de integración económica, y con la firma de acuerdos de comercio internacional en el marco del GATT, las barreras técnicas no-arancelarias adquieren una mayor significación. Ocurre que las normas técnicas, particularmente aquellas relativas a la seguridad de los productos, pueden bloquear el comercio internacional, como antes sucedía con el mantenimiento de aranceles elevados. Y es por ello que la armonización de las normas de seguridad del producto ha llegado a convertirse en un requisito previo para la integración económica.

Armonizar no significa necesariamente unificar; armonizar significa, sobre todo, hacer que las normas sean compatibles.

Además de la armonización normativa, la globalización propicia también la armonización de su aplicación, y de los procedimientos de evaluación de conformidad: es decir, de los sistemas de inspección de seguridad y salud en el trabajo, en el caso de las normas laborales; y de los sistemas de certificación, en el caso de las normas técnicas de seguridad del producto.

Esta armonización normativa ya ha tenido, de hecho, una influencia positiva en el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo en diversos países.

Así, por ejemplo, la seguridad y salud en el trabajo en España se ha visto beneficiada con la incorporación del país a la Unión Europea (UE), tanto por la aplicación de las directivas europeas relativas a la política social, tendentes a la armonización, dentro del progreso de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, como por los esfuerzos realizados para la consecución de un Mercado Unico (Castellá, 1992). Así, para garantizar la libre circulación de los productos y evitar que pudieran invocarse razones de seguridad que impidieran su libre circulación, se tomaron medidas para que sólo pudiesen comercializarse "productos seguros", con lo que la seguridad del producto pasó a ser una condición indispensable para su comercialización y libre circulación. Al mismo tiempo, como el trabajador es el usuario de muchos productos (sustancias, máquinas, instalaciones, equipos), el establecimiento de un sistema que garantizaba la seguridad de los productos adquiridos por el empresario, y usados por el trabajador, significó un avance importante en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Esta tendencia hacia la armonización se ha visto también confirmada en el seno del recientemente creado Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), del que forman parte dos países latinoamericanos, y al que otros cuatro han solicitado también su incorporación. Una de las primeras tareas abordadas por su secretariado fue la puesta en marcha de 10 comisiones, para la preparación de programas de armonización en diferentes áreas, entre las que figuran las normas de calidad y de seguridad del producto (Business Week, 1995). En el marco del Programa de Acción aprobado en noviembre de 1995 en la cumbre de Osaka, se ha previsto, por ejemplo, disponer, en el plazo de tres años, de normas comunes sobre aparatos eléctricos.

En el caso de México, los llamados "Acuerdos Paralelos" al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmados en agosto de 1993, introducen un enfoque novedoso y de sumo interés para el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. El Acuerdo sobre Cooperación Laboral considera que las legislaciones nacionales de los tres países integrantes del TLCAN (México, EE.UU. y Canadá) contienen los principios básicos de la protección del trabajador, por lo que el Acuerdo no obliga a las partes a modificar sus legislaciones nacionales en este campo, sino que obliga a las partes a garantizar la aplicación efectiva de dichas legislaciones; el Acuerdo crea un esquema institucional para velar por el cumplimiento de estas obligaciones y para la cooperación de los países en materia laboral; y establece asimismo un sistema especial de solución de controversias, para el caso de controversias relativas a la falta de aplicación de las leyes en materia de seguridad e higiene, trabajo de menores y salario mínimo.

Con la caída de las barreras arancelarias, con la menor intervención del Estado en los asuntos económicos, con la globalización de la economía, los mercados van haciéndose más y más transparentes, y toda empresa que pretenda mantenerse en el mercado debe hacerlo en base a una mejora continua de su competitividad. Es importante observar que con la globalización, las diferencias entre el mercado interno y externo se diluyen; y poco a poco va configurándose un mercado único, el mercado global.

Tres son los factores que se considera determinan la competitividad de una empresa: su capacidad de innovación, la calidad de sus productos y su productividad. No es extraño, por tanto, que estos tres factores se hayan convertido en una verdadera obsesión para la empresa moderna, que busca mantenerse competitiva, y por tanto sobrevivir, en la economía globalizada.

Analícemos primero el factor productividad.

La búsqueda de nuevas relaciones con los clientes, y con los proveedores, como factores de productividad no es algo nuevo en la estrategia empresarial. Lo que sí resulta sin embargo novedoso, en esta era de la globalización, es el surgimiento de una nueva cultura de la relación de la empresa con sus trabajadores, como factor de productividad. Esta nueva cultura podría resumirse en el convencimiento de la necesidad de "invertir en el trabajador", tanto en lo que se refiere a su capacitación, como en lo referente a la mejora de sus condiciones de trabajo.

En este sentido, son reveladoras las declaraciones del Director General de Producción de la multinacional VolksWagen, José María López de Arriartua. En su opinión, estamos todavía muy lejos del límite de la productividad; pero, para poder seguir mejorando permanentemente la productividad se requieren nuevos métodos de trabajo, y la adaptación del medio ambiente de trabajo al trabajador -tal como preconiza la ergonomía - para así conseguir que el trabajador se sienta como en casa (Cassany, 1994).

Asimismo, un estudio realizado, en 1994, entre 68 empresas líderes mejicanas (Liberty, 1995), en el que se trataba de averiguar el énfasis que se le daría, en el futuro próximo, al tema de la seguridad y salud en el trabajo, dio los siguientes resultados. El 85% de los encuestados respondió que el principal beneficio resultante de la implantación de un programa de seguridad y salud en el trabajo, era la reducción de los costos y una mano de obra más productiva. Sólo el 7% visualizó estos programas como una carga, o una imposición reglamentaria.

La necesidad de mejorar la productividad es especialmente apremiante en América Latina, donde en el período 1990-1994 la productividad media por ocupado creció a una tasa anual promedio de sólo el 0.6% - debido al aumento de la producción, solo ligeramente superior al del empleo - ^11/. Mientras que, durante el mismo período, la productividad media por ocupado en los países desarrollados (OCDE) había aumentado a una tasa de 1.4% anual, debido al crecimiento del 1.5% en el producto, y del 0.1% en el empleo. En tanto en estos últimos países hay crecimiento sin empleo, en América Latina hay crecimiento con empleo de mala calidad, lo cual tiende a reducir la productividad media del trabajo (OIT, 1995e).

Al igual que la productividad, otro factor determinante de la competitividad de una empresa es, y lo será cada vez más, el de la calidad de sus productos.

En los últimos años, conceptos y programas tales como control de calidad, círculos de calidad, calidad total, y aseguramiento de la calidad, han tenido un enorme desarrollo. Pero cuando se habla de comercio internacional, todo el mundo se refiere a la omnipresente serie de normas de aseguramiento de la calidad ISO 9000 que, en un corto espacio de tiempo^12/, se han convertido en las normas más populares, de todas cuantas han sido adoptadas por la ISO^13/.

En los mercados internacionales, los clientes están empezando a exigir a las empresas obtener el registro ISO 9000, por lo que el número de certificaciones a estas normas se ha disparado. En el CUADRO Nº 1, que se anexa, se presentan los resultados de una encuesta publicada recientemente en ISO 9000 News, sobre la evolución de los registros a la serie ISO 9000, a lo largo del período de enero 1993 a marzo 1995. Como se observará, en marzo de 1995 el número de registros ISO 9000 en el mundo estaba en torno a los 100.000, de los cuales más del 40% correspondían al Reino Unido^14/; y aproximadamente el 75% al conjunto de los países europeos. El cuadro muestra, asimismo, que el número de registros se ha acelerando, en los últimos años, habiéndose triplicado, a nivel mundial, en el período considerado; y en el caso de Brasil - que es el país de la región donde la serie ISO 9000 cuenta con mayor aceptación - se habrían multiplicado por 27. La Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), esperaba que el país alcancese el número de 1,300 registros a finales de 1995, y que llegue a los 5.500 en el año 1997, y a los 10.000 en el año 2.000^15/. Otros países de la región como, por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, y Perú, que no aparecen en el cuadro, también cuentan con algunas empresas certificadas a la ISO 9000, pero en un número todavía muy reducido.

En el CUADRO Nº 2, se presentan en forma sucinta las cinco normas de la serie. La mayoría de los registros corresponden a la ISO 9001 y a la ISO 9002; el registro a la ISO 9003 es el menos utilizado. La obtención de uno de estos registros implica que la empresa dispone de un proceso productivo uniforme y documentado, que es seguido constantemente por todos sus trabajadores.

La seguridad del producto es una condición de la calidad del mismo y, por ello, la serie ISO 9000 dedica una atención especial a este tema. El CUADRO Nº 3, muestra algunos contenidos de estas normas que se refieren al tema de la seguridad, tanto del producto como de los procesos.

En todo caso, la serie ISO 9000 no cubre explícitamente la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, si bien asocia implícitamente la seguridad y salud en el trabajo a la calidad, tal como se analiza a continuación.

No cabe duda de que un programa que pretenda asegurar la calidad en una empresa, necesita asegurar también la seguridad de los procesos productivos. Existe, por otra parte, una semejanza entre los problemas de seguridad y los problemas de calidad (en ambos casos se trata de fallos), y también entre las soluciones y esquemas organizativos que, en el ámbito de la empresa, se plantean para unos y otros (documentación, protagonismo del personal, con criterios de adiestramiento, motivación y calificación). Debe recordarse, por último, que la calidad ha de producirse directamente en el puesto de trabajo, y por ello un factor estratégico a considerar es la ergonomía, si el operario dispone de condiciones adecuadas en relación a la temperatura, iluminación, limpieza, seguridad, carga de trabajo, etc., la probabilidad de fallo humano disminuye significativamente (López, 1995).

Como resultado de lo anterior, muchas empresas consideran ya sus políticas de mejoramiento de las condiciones de trabajo, como un instrumento clave de sus políticas de mejora la calidad.

Para alcanzar altos niveles de calidad, en forma estable y permanente, no basta con disponer de la tecnología apropiada; tampoco basta, aun siendo muy importante, con que los trabajadores estén suficientemente capacitados; los altos niveles de calidad que hoy día se requieren, sólo pueden alcanzarse si se cuenta además con trabajadores dispuestos e interesados en conseguirlos. De ahí la importancia de conceptos, tales como motivación, participación, y cooperación, en la gestión de las empresas modernas.

La íntima relación existente entre calidad, productividad, y seguridad y salud en el trabajo, se pone de manifiesto con la práctica de los llamados "círculos de calidad", y otros sistemas de participación de los trabajadores, que atiende conjuntamente los tres temas citados. Para ilustrar lo anterior, se puede mencionar como ejemplo, el caso de la factoría de Vigo de la empresa Citröen Hispania que, en 1995 contaba con 263 círculos de calidad operativos, en los que participaban más del 30% de sus trabajadores de planta; y que al mismo tiempo, y a través de un sistema paralelo de sugerencias, había recibido, en el mismo año, un total de 13.800 - equivalentes a 2.1 sugerencias por trabajador - de las cuales alrededor del 25% fueron sobre mejoras de seguridad, higiene y condiciones de trabajo.

Siguiendo el éxito de la ISO 9000, la Organización Internacional de Normalización está preparando una nueva serie de normas, la ISO 14000, sobre Sistemas de Gestión del Medio Ambiente. Su objetivo es el establecimiento de un programa de gestión del medio ambiente en la empresa, que identifique los objetivos y los procesos de control y verificación. Los borradores de seis de estas normas, relativas a sistemas de gestión y auditorias ambientales, se encuentran ya en su fase final de discusión^16/, y se piensa que pueden quedar definitivamente aprobadas en la próxima reunión del Comité Técnico 207 ^17/ de la ISO, que se realizará en Sao Paulo, Brasil, en junio de 1996. Existen, asimismo, otras 10 normas de la serie, relativas al ciclo de vida y al comportamiento ambiental del producto, que están menos desarrolladas, pero que ya han pasado por diferentes etapas de discusión.

Las normas ISO 14000 surgen en un momento en que se detecta un aumento del interés de los consumidores por la calidad ambiental de los productos; y, en este contexto, todo hace pensar que, al igual que ha sucedido con las normas ISO 9000, la nueva serie también va a convertirse en un verdadero salvoconducto para las fronteras del mercado mundial.

Las empresas no se certificarán a la serie ISO 14000 en su conjunto, sino que lo harán a la norma ISO 14001. Esta norma contiene una serie de especificaciones a las que debe ceñirse el modelo de sistema de gestión ambiental de la empresa, mientras que las demás normas ofrecen únicamente directrices y guías. Muchos de los conceptos incorporados en el proyecto de norma ISO 14001, estaban ya presentes en las normas ISO 9000, incluyendo los requisitos sobre la política de organización, el compromiso en todos los niveles de la jerarquía empresarial, la documentación, el entrenamiento, las acciones correctivas, y las mejoras continuas; en todo caso, parece ser que la norma ISO 14001 resultará algo más restrictiva.

No se contempla que la serie ISO 14000 trate directamente el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, es de prever que el registro a la ISO 14000, por parte de una empresa, vaya a tener también un impacto positivo sobre la forma de gestionar la seguridad y salud en el trabajo, en la misma, debido a la relación existente entre el medio ambiente de trabajo y el medio ambiente en general.

Esta relación se manifiesta, especialmente, en el caso del manejo de los productos químicos. La normativa y las prácticas requeridas para la gestión ecológicamente racional de los productos químicos son semejantes a las que aplica la seguridad y salud ocupacional para la utilización segura de estos productos en el trabajo.

El problema al que se enfrenta la seguridad química es enorme, tanto en relación a la protección del medio ambiente, como respecto a la prevención de los riesgos del trabajo. En una reunión de expertos sobre este tema convocada por la OIT, en 1987, se estimaba que el número de productos químicos disponibles en el mercado era de aproximadamente 80.000^18/; y que, de ellos, entre 4.000 y 8.000 podían considerarse peligrosos (OIT, 1989). Al mismo tiempo, debe también considerarse que la aceleración del crecimiento económico, que para muchos países, traerá consigo la liberalización del comercio internacional, implica también un aumento de la producción y del consumo de productos químicos.

La clasificación de los productos químicos, en función del tipo y del grado de riesgo, es uno de los elementos fundamentales de toda política de control de los productos químicos peligrosos; otro elemento muy importante es el correcto etiquetado, al objeto de reducir el riesgo de su utilización incorrecta, y peligrosa. Las normas relativas a la clasificación y etiquetado de los productos químicos son normas de seguridad en el producto, y están por tanto sujetas a las exigencias de armonización, consustanciales a los procesos de integración económica, y de liberalización del comercio internacional.

Uno de los objetivos que contempla el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), de 1992, es precisamente el establecimiento de un sistema mundial armonizado de clasificación y etiquetado de los productos químicos; dicho sistema serviría tanto para mejorar el control de los riesgos ocupacionales de origen químico, como para favorecer el desarrollo del comercio internacional. El Programa 21 considera, asimismo, que la colaboración entre el PNUMA, la OIT y la OMS, en el marco del Programa Internacional de Seguridad Química, debería reforzarse y convertirse en el eje de la cooperación internacional para la gestión, ecológicamente racional, de los productos químicos tóxicos^19/.

Un aspecto del comercio internacional objeto de especial preocupación es el de la exportación de productos químicos peligrosos cuyo uso ha sido prohibido o severamente restringido, en el propio país exportador. Para enfrentar este problema, varias de las Agencias de Naciones Unidas han adoptado normas internacionales tendentes a asegurar que el país importador, convenientemente informado, pueda tomar una decisión fundamentada, con respecto a la eventual adquisición de tales productos. Así, el PNUMA introdujo el principio del Consentimiento Fundamentado Previo en sus Directrices de Londres^20/; la FAO, por su parte, incluyó el principio de la Información y Consentimiento Previos en su Código Internacional de Conducta para la Ditribución y Utilización de Plaguicidas^21/; y la OIT, a su vez, estableció en su Convenio núm. 170, sobre Productos Químicos, de 1990, la obligación de informar previamente al país importador.²²/ Paralelamente, el PNUMA y la FAO han iniciado un programa de cooperación técnica conjunto que persigue la implantación de un "procedimiento de información y consentimiento fundamentado previo", en todo el mundo.

Un último tema a considerar es el de la acción creciente de los consumidores, en contra de empresas que no tienen un comportamiento medioambiental, o social, adecuado.

En el mundo actual en el que la información fluye con gran rapidez, en el que el aumento de la competencia aumenta también el poder de los consumidores, y en el que los Estados ejercen cada vez menor control sobre las empresas; emerge cada vez con más fuerza esta nueva actitud de los consumidores de exigir, no solamente precio y calidad, sino también determinados códigos de conducta a las empresas, con respecto al medio ambiente, a los trabajadores, y a la comunidad en general.

Empresas líderes, que luchan por conseguir una buena reputación, tanto a nivel local como internacional, han reconocido hace tiempo esa tendencia, y han hecho especial hincapié en explicar sus políticas sobre medio ambiente, y sobre condiciones de trabajo y empleo, tanto a sus trabajadores, como a sus clientes, y a la sociedad en general.

En esta línea de acción, la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos de EE.UU. (Chemical Manufactures Association, CMA), que reúne a 175 empresas, con 2.000 plantas y más de 1.000.000 de trabajadores, y que representa más del 90% de la capacidad de la industria química norteamericana, adoptó en 1988 la iniciativa conocida como "Responsible Care"^24/. Se trata de un compromiso público diseñado para ayudar a la industria a mejorar su desempeño en materia de seguridad y salud, y calidad ambiental, y que es una obligación para todos los miembros de la asociación. En palabras de Paul F. Oreffice, ex-Presidente de la Dow Chemical Co., en un clima de intenso escrutineo público, "Responsible Care" es un enfoque que reconoce que la única forma que tiene la industria química de sobrevivir y de prosperar es funcionar de una manera que es responsable, y que es vista como responsable, por la comunidad (Chemecology, 1992).

El programa "Responsible Care" ya ha sido adoptado en un total de 37 países. En México la Asociación Nacional de la Industria Química, ANIQ, adoptó el programa, en 1992, con el nombre de Responsabilidad Integral, y con el apoyo del 95% de sus miembros. En Colombia, el programa se adoptó también con el nombre de Responsabilidad Integral, y fue desarrollado conjuntamente por la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, y la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, ACOPLASTICOS, con el apoyo del Consejo Colombiano de Seguridad, CCS, y con la particularidad de que la adhesión al mismo es voluntaria; en 1994, los presidentes de 36 empresas colombianas se comprometieron a través de la firma de un documento formal de adhesión a seguir dicho programa. En Brasil, el concepto fue introducido por la Asociación Brasileña de la Industria Química y de Productos Derivados (Associaciaçao Brasileira da Indústria Química e de Productos Derivados, ABIQUIM), en 1990, con el nombre de "Processo de Atuaçao Responsável"; y la adhesión al mismo, por parte de las empresas afiliadas a ABIQUIM, también es voluntaria. En Argentina, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica decidió adoptar el programa, en 1995, con el nombre de Cuidado Responsable del Medio Ambiente (Munevar, 1995).

Existe bastante similitud entre el proyecto de normas ISO 14000, y el programa "Responsible Care"; por lo que, en el futuro, es posible que puedan integrarse los procesos de evaluación de la conformidad a ambos programas, de modo que no sea necesaria una auditoría independiente para "Responsible Care" (Lucas, 1994).

Estos códigos de conducta se extienden a veces más allá del ámbito propio de la empresa, cubriendo también la conducta "éticamente correcta" de los subcontratistas y suministradores. Así, por ejemplo, la empresa Levi's fabricante de "blue jeans" adoptó, en 1992, un código de conducta que contiene las condiciones generales de elección de suministradores, y de empresas subcontratistas. El código incluye el tema de la seguridad y salud en el trabajo, la protección del medio ambiente, y la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso (Kenneth, 1994).

La empresa exitosa en la era de la globalización ya no podrá limitarse a ser una institución sin rostro, preocupa solamente de disponer del producto adecuado al precio adecuado. Sino que deberá presentarse ante la sociedad con una imagen cada vez más personalizada, formulando juicios éticos explícitos en el trato con sus trabajadores, con la comunidad, y con la sociedad en general (The Economist, 1995b). Paralelamente, un producto, o un lugar de trabajo, que sea percibido como inseguro, por los clientes o por la comunidad, deteriorá inevitablemente la imagen de la empresa, y la hará perder competitividad.

Un antecedente de estos nuevos códigos de conducta, que es obligado mencionar, es el Balance Social de la Empresa. El concepto nace en EE.UU. y en Europa en la década de los 70, y ha tenido un desarrollo significativo en algunos países de la región^25/. El concepto de Balance Social surge cuando las empresas reconocen que el desarrollo de su actividad conlleva una responsabilidad social, que va más allá de sus obligaciones con los accionistas, y que abarca también a los trabajadores, y al conjunto de la comunidad. Todos los modelos de balance social contemplan, como uno de sus principales elementos, el tema de la seguridad y salud en el trabajo.

La apertura de los mercados, el aumento del comercio internacional, y los procesos de integración económica serán factores determinantes en el desarrollo futuro de la seguridad y salud en el trabajo, en los países de la región; tanto en lo referente a la acción en el nivel nacional, como en relación a la gestión de estos temas en la empresa.

Siguiendo la buena acogida que han tenido las ISO 9000, y las ISO 14000, la Organización Internacional de Normalización ha anunciado su intención de desarrollar una nueva serie de normas, la ISO 18000, sobre la gestión de la seguridad en el trabajo. El Comité Técnico que se encargará de la preparación de los proyectos de estas normas, no ha sido todavía conformado, pero es muy probable que se establezca antes que finalice 1996. No es necesario subrayar la importancia que una norma de este tipo podría tener para el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo y, en particular, en la eventual vinculación de este tema al comercio internacional.

La buena sinergia que existe entre la protección del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, no debería llevar a la conclusión de que sea siempre aconsejable una administración unificada de ambos programas, en el nivel nacional. Al contrario, con la actuación conjunta en ambas esferas de actuación se corre el riesgo de desdibujar la verdadera naturaleza de la seguridad y salud ocupacional - en detrimento de ésta - y de enmascarar, sobre todo, su vinculación al ámbito de la mejora de las condiciones de trabajo, que es precisamente una de sus más claras señas de identidad. Ya que que, aún siendo dicha sinergia muy importante, ésta sólo se da en algunas áreas de actuación - la gestión de los contaminantes químicos es una de ellas - pero en otras no se da.

El sistema normativo será una de las líneas de acción que experimentará un mayor desarrollo, como resultado de la globalización. Las instituciones nacionales de normalización deberán por tanto hacer frente a un aumento considerable de normas técnicas, y de normas de seguridad en el producto, que exigirán en algunos casos su completa reestructuración. De la misma manera, las correspondientes unidades técnicas de la Administración Laboral se verán también obligadas, en muchos casos, a reforzar su capacidad de respuesta en relación a la preparación de reglamentos técnicos sobre las condiciones de seguridad y salud ocupacional en los centros de trabajos.

Los servicios de información se constituirán, asimismo, en uno de los elementos centrales de todo sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. Cada día es mayor el número de riesgos ocupacionales a que están expuestos los trabajadores - especialmente en el caso de los riesgos químicos - sobre los que es necesario informar. Por otra parte, el gran desarrollo de la tecnología de la información, y de las comunicaciones, han hecho de los servicios de información un recurso de extraordinaria eficacia en la prevención de los riesgos ocupacionales.

El mayor interés de las empresas por el tema de la seguridad y salud en el trabajo, se traducirá probablemente en un aumento de la demanda de formación de especialistas; en particular, en aquellos países de la región que no cuentan con suficiente número de expertos en la gestión de riesgos profesionales en la empresa.

En algunos países de la región, se han detectado recientemente varios casos de delegación, por parte del Estado, de la función inspectora de las condiciones de seguridad y salud ocupacional, en los centros de trabajo^27/. No obstante, ni en la Unión Europea ni en EE.UU. - donde los organismos privados de certificación de seguridad en el producto cuentan, por otra parte, con amplia experiencia y tradición - se observa una tendencia de esta naturaleza, por considerarse que solamente una inspección de seguridad y salud en el trabajo ejercida por el Estado, puede garantizar la necesaria independencia de la misma.

A lo largo de este documento, se han analizado algunas de las nuevas oportunidades para el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo que podrían surgir para los países de la región, en el contexto de la globalización. Debe, sin embargo, señalarse que estas oportunidades surgirían, sobre todo, en el ámbito del sector productivo moderno; ya que es ahí precisamente donde la necesidad de modernización productiva exigirá una adecuación en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de las empresas. Otra cosa bien distinta será el comportamiento del sector informal, que continúa creciendo en la región y que se muestra, en general, impermeable a estos procesos de modernización.

Así como la globalización de la economía y las nuevas tecnologías estarían acentuando las diferencias entre ricos y pobres; de igual manera se estarían también acentuando las diferencias entre un sistema de producción sofisticado, altamente competitivo, e inserto en la globalización, y otro marginalizado, informal, y de baja productividad.

Sin embargo, si se quiere que la liberalización del comercio cuente con un amplio apoyo social, será necesario que ésta vaya acompañada de medidas que favorezcan a aquellos que han resultado penalizados en los procesos de liberalización; el beneficio neto que, para el conjunto de la población, traería consigo la globalización de la economía debería permitir financiar medidas compensatorias dirigidas a la protección de los "perdedores", en esta nueva situación (OIT, 1995a).

Cabe, entonces, preguntarse si no habrá llegado ya el momento de extender al sector informal parte de los recursos disponibles para la actuación a nivel nacional en el campo de la seguridad y salud en el trabajo que en la actualidad, están casi exclusivamente dirigidos al sector productivo moderno.

Tratado: acuerdo que requiere la ratificación del poder legislativo de los respectivos países.

En la Ronda Tokyo(1973-79) participaron 99 países

En la Ronda Kennedy (1962-67) participaron 48 países

Convenio núm. 87. Libertad sindical, 1948

Convenio núm. 98. Negociación colectiva, 1949
Convenio núm. 100. Igualdad de remuneración, 1951
Convenio núm. 111. Discriminación en empleo y ocupación, 1958
Convenio núm. 138. Edad mínima, 1973
Convenio núm. 29. Trabajo forzoso, 1930
Convenio núm. 105. Abolición del trabajo forzoso, 1957